Acusado de robar 1 litro de leche permanecerá en prisión

Por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC)

Un padre de familia, residente en la colonia Plutarco Elías Calles, deberá permanecer en la prisión del Topo Chico porque una Jueza consideró que se trata de un peligroso delincuente que deberá enfrentar encarcelado una acusación por robo, agravada con pandillerismo.

Jesús Valentín está acusado de ser uno de los manifestantes que el pasado 5 de enero fue detenido supuestamente por participar en actos vandálicos de personas que protestaban por el alza de la gasolina frente a Palacio de Gobierno.

El 10 de marzo, la Jueza decidió no modificar la medida cautelar de prisión preventiva que solicitó su defensa, para cambiarla por prisión domiciliaria, en un intento por recuperar la libertad del padre de familia.

Para la juzgadora, no fueron suficientes los testimonios de vecinos que aportó la defensa de Jesús, confirmando que se trata de un padre de familia ejemplar, sin antecedentes penales e incluso, una carta firmada por su patrón donde lo califica de trabajador responsable.

La defensa aportó también un recibo por la cantidad de cien pesos como reparación del daño ocasionado por el supuesto robo de un litro de leche y una botella de cloro que le atribuyen las autoridades de seguridad pública a Jesús.

“Nos preocupa la indiferencia del juez”

Presentes en la audiencia pública, personal de CADHAC, se mantuvo sorprendido por la indiferencia y falta de información del caso, que mostró la Jueza al momento de dictar que no daba lugar la petición de la defensa para el cambio de la medida cautelar.

E incluso fue el mismo comportamiento del juzgador al descartar los testimonios y ratificar la prisión preventiva para Jesús Valentín, sin tomar en cuenta, el contenido de los testimonios ni el sufrimiento mental que debe enfrentar una persona que jamás había estado presa y además, fue acusado falsamente.

De acuerdo con testimonios presentados a CADHAC, el día de las manifestaciones ciudadanas, contra el alza del precio de las gasolinas, Jesús se encontraba en su propio domicilio en compañía de su esposa.

Por voz de unos vecinos se enteró que su hijo y una sobrina habían salido a jugar a un parque, y estaban cerca de una tienda de abarrotes que estaba siendo saqueada, por lo que decidieron ir en su búsqueda.

Para su mala suerte, Jesús en lugar de encontrar a sus familiares se topó con elementos de Fuerza Civil quienes lo apresaron acusándolo de robar un litro de leche y otro de cloro, comenzando así un verdadero calvario que ahora tiene a toda su familia sumida en la tristeza y la desesperación.

El caso de Jesús se suma a la tendencia que tienen las autoridades judiciales de continuar aplicando la prisión preventiva en casos donde esta medida no es procedente. Desde la reforma Constitucional del 2008, este castigo anticipado fue reservado para solo algunos delitos considerados como graves, situación que no se acredita en el caso de este joven padre de familia.

La prisión preventiva en el Estado de Nuevo León, es utilizada de forma arbitraria. Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, en el mes de enero de este año, se contaban con 1,983 hombres y 176 mujeres en prisión preventiva, es decir, no han sido encontradas culpables. Esta situación resulta alarmante tomando en consideración el contexto de violencia que rige en los penales del estado, así como las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad dentro de los mismos.

Esto deja al descubierto el desconocimiento del papel que tienen las autoridades que intervienen en el nuevo sistema penal, así como el penoso desempeño de su trabajo, que terminan por afectar las garantías procesales y los derechos humanos de los que se enfrentan a un proceso penal. Y que a final de cuentas dificulta el acceso a la verdadera justicia.

 

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