Congreso de Operadores del Sistema de Justicia Penal: Retos en la evaluación

Por Martín Carlos Sánchez Bocanegra / Dir. Gral. RENACE

El pasado 11 y 12 de mayo se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Operadores del Sistema de Justicia Penal: Retos en la evaluación y seguimiento para la consolidación del sistema donde se reunieron todos los operadores y autoridades de México que laboran en la materia.

El objetivo era presentar y evaluar los resultados alcanzados en la implementación de éste nuevo Sistema de Justicia.

En el evento, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recalcó la importancia de continuar con el trabajo coordinado con las entidades federativas para su consolidación. Destacó el desarrollo de cuatro aspectos fundamentales los cuales son: la profesionalización de los policías locales, el fortalecimientos de los mecanismos alternativos para la solución de controversias, la consolidación de la atención a víctimas con énfasis en una atención personalizada que garantice la protección de sus derechos y una efectiva reparación de daño, y el cuatro la creación de Unidades de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

Si bien Osorio Chong establece la relevancia de éste último punto para evitar la saturación de los sistemas penitenciarios, es preocupante que no se plantee la necesidad de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, ya que de acuerdo al funcionario, se necesita este recurso para los delitos con consecuencias graves como el robo de hidrocarburos o la portación y acopio de armas de uso exclusivo del ejército.

Desde la Red Nacional a favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, creemos que continuar con ésta figura representa un retroceso en la consolidación del Nuevo Sistema y al mismo tiempo colabora en la prevalencia de viejas prácticas del Sistema Inquisitivo anterior, donde el uso excesivo de la prisión preventiva llego a tener a cerca del 60% de la población penitenciaria sin sentencia.

Por lo tanto, proponemos que exista una mayor incidencia en la capacitación, profesionalización y evaluación en los operadores del Sistema de Justicia de nuestro país, pues consideramos que la vigilancia de la ley reside también en el respeto al procedimiento más que en la catalogación de delitos que pudiera dar entrada al uso excesivo de la prisión preventiva.

Para ello es necesario profesionalizar a los policías, como señala Osorio Chong, pero también trabajar en la comunicación y la coordinación con el ministerio público, defensores, y jueces, para permitir que los procesos sean más justos tanto para las víctimas como acusados. Invitamos a las autoridades a analizar éste tema con mayor profundidad y considerar las implicaciones que conllevaría continuar con éste medida, no sea que terminen pagando justos por inocentes como suele ocurrir en nuestro país.

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