Convocatoria para fomentar la participación ciudadana

Por Arturo A. Fernández Martínez, Pdte. Consejo Ciudadano de Seguridad

La participación ciudadana se puede concebir a partir de la titularidad de derechos, producto de la pertenencia de un individuo a una comunidad política. En este sentido, se debe subrayar que el derecho a la participación surge como un eje que articula otros derechos humanos concretos. Así, la participación ciudadana se puede definir como un conjunto de prácticas (jurídicas, económicas, políticas y culturales) que colocan a una persona como miembro competente de una sociedad y que tienen su fuente de legalidad y legitimidad en la titularidad de derechos. Por otro lado, cuando se le concibe como participación social, puede ser definida como la interacción de unos individuos con otros, en situaciones y procesos más o menos estructurados, y que desarrollan una actividad con fines significativos dentro del sistema social. Dado que lo público abarca más que el ámbito estatal, para algunos autores se estaría hablando de participación ciudadana cuando el espacio público es estatal y de participación social o comunitaria cuando el espacio público no se limita a lo estatal.

Me refiero a este tema porque en Nuevo León desde mayo del año pasado existe ya una ley especifica cuyo propósito es fomentar la participación ciudadana organizada, reconociendo a ésta como un derecho humano que se debe promover y facilitar a través de instrumentos idóneos, contribuyendo a su funcionamiento, fomentando la participación activa y organizada en las decisiones públicas, así como en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno.

Sin embargo, debe destacarse que nuestra participación debe ir más allá de los procesos electorales, las juntas de vecinos, las asociaciones de colonos, padres de familia, escolares, religiosas, sociales, deportivas, sindicales o colegios de profesionales. El siguiente paso es participar en consejos consultivos o ciudadanos convocados por las administraciones públicas federal, estatales o municipales. Debemos participar activamente en estos instrumentos.

No solamente debemos de tener la intención o manifestar nuestras ideas en las reuniones familiares, de vecinos, laborales o sociales; sino que debemos cumplir con nuestra responsabilidad ciudadana de participar activamente, dedicando y compartiendo con nuestros vecinos parte de nuestro tiempo a la atención y seguimiento de asuntos que a fin de cuenta van a ser aplicados en beneficio de nuestra comunidad.

Como consecuencia de nuestra actuación ciudadana se debe mejorar e influir positivamente  en la  organización y funcionamiento,  en las decisiones públicas, así como en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno.

Debemos de ser actores y testigos sociales directos en la implementación de medidas y programas para mejorar los procesos de cambio de nuestra sociedad y principalmente en las relaciones con las administraciones públicas y los organismos descentralizados que nos brindan los servicios públicos;  en muchos de los casos carentes de eficiencia, calidad, productividad, oportunidad, calidez y honradez, para coadyuvar con lo que se denomina bien común.

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