El amparo de la justicia federal llegó para una niña

Por Dra. Magda Yadira Robles Garza

Hace un mes, se dictó por la justicia federal una sentencia inédita en nuestro país en materia de acoso escolar. El juez octavo de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal delineó en su decisión la protección debida a una menor -lo que nos llevaría eventualmente-, conforme a la interpretación del principio del interés superior del menor que la Convención de los Derechos del Niño y nuestra Constitución establecen con toda autoridad. Dejemos en este momento de lado el aspecto delictivo que el caso pudiera tener también en su origen.

Sigamos con la historia. Se trata de una niña de once años, cursando el sexto grado de primaria. Las autoridades de la escuela, en el criterio del juez federal, no tomaron las medidas necesarias para proteger la integridad física y emocional de la niña ante la vulneración de sus derechos fundamentales dentro de la escuela a donde acude todos los días a recibir su instrucción pública básica. El caso refiere a las amenazas constantes a la niña y compañeros con objetos y armas punzocortantes y acoso sexual, inclusive. Refiere también denuncias previas y reiteradas de padres de familia y alumnos contra uno de los estudiantes de la misma escuela. Ante la inactividad de las autoridades de la escuela, los padres acudieron a buscar protección para su hija.

En su sentencia, el juez concede el amparo y protección de la justicia federal a la pequeña y marca un parte-aguas no sólo en la protección de los derechos humanos de los niños y niñas, sino porque dicta pautas que las autoridades educativas deben seguir en casos como el mencionado. Pero bien, estimado lector a efectos prácticos, esto ¿qué significa y qué efectos tiene en nuestro entorno?

La sentencia es única porque por primera vez en México, un juez ordena a las autoridades educativas del país asignen a una persona -en este caso señaló que fuera una mujer-, de la misma escuela, para que custodie a la menor durante toda su estancia en la escuela, traslados, recreos, descansos, salida y entrada de la escuela. Todo esto con el fin de evitar, el tan lamentablemente famoso bullying. Ordena también, que la menor sea escuchada sobre las medidas tomadas por la escuela y, si es su deseo, cambiar de grupo si las agresiones continúan. Ordena además, a la autoridad de la escuela, dar un informe mensual al representante de la menor (sus padres) sobre el éxito de las medidas adoptadas y si dichas medidas ayudan a salvaguardar la integridad de la pequeña.

Sin duda, una decisión plausible y una medida necesaria. Recordemos los casos recientes donde hemos sido testigos por medio de los medios de comunicación y tal vez, por cercanía, de otros casos de acoso escolar que han llegado a ser noticias de pérdidas de vidas humanas.

Más de derechos humanos. Fuimos testigos de la historia que nos deja enseñanzas en diversos escenarios. Por un lado, los derechos humanos en México cobran significado en materia de los derechos de los niños y niñas, aplicando el interés superior del menor en todo momento y frente a cualquier situación, así como el principio de dignidad humana. Por otro lado, aplicadores jurídicos dispuestos a entender así estos derechos y abrir camino en un problema actual de la sociedad dejando ver pautas de actuación para las autoridades educativas del país. Finalmente, no el más deseable, pero sin duda, una opción, el tener la vía de defensa abierta a través del juicio de amparo, institución mexicana con una larga tradición jurídica nacional e internacionalmente.

Esto es un ejemplo de lo posible. En otras palabras, esta niña fue protegida. Y muchos otros niños y niñas más pueden ser protegidos. Sin embargo, no deja de ser sólo una parte del problema.

¿Estimado lector cuál sería su postura si llega a ser el o la menor su hija, hijo o alguno de sus nietos por parte de la parte acusadora? ¿Tendría la misma postura si fuera un familiar de la parte acusada?

Dra. Magda Yadira Robles Garza

Profesora investigadora del Departamento de Derecho, Universidad de Monterrey. Doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, Especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.