El error de no discutir

Por Minerva Martínez Garza. 

Un error grave cometido por la Dirección Jurídica del Congreso del Estado de Nuevo León fue dado a conocer por los medios de comunicación en días pasados. En el contexto de un juicio de amparo promovido por asociaciones civiles locales para pedir que en el Poder Legislativo local se discutan las iniciativas relativas al reconocimiento legal de los matrimonios entre personas del mismo sexo, el área jurídica de esa institución hizo afirmaciones que habría que calificar como ignorantes o, incluso, discriminatorias.

El escrito enviado por el Congreso del Estado al Juez Tercero de Distrito en Materia Civil y del Trabajo, dice textualmente que “la idiosincrasia del pueblo Neolones (sic) rechaza la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, ello en razón a que si bien dichas relaciones se han llevado a cabo en países como Portugal, Islandia, Noruega, etc., los criterios es que ellos son países desarrollados y este país es tercer mundista (sic) o en vías de desarrollo, por ende, su cultura en modo alguno puede estar a la par del pueblo de Nuevo León”.

A pesar de la pobre redacción del escrito presentado por la Dirección Jurídica del Congreso, que hace difícil su lectura e interpretación, queda suficientemente claro que el argumento que presentan para no discutir las iniciativas sobre matrimonios entre personas del mismo sexo es que la población neoleonesa tiene una idiosincrasia tercermundista, y que por ello se opondría a cualquier cambio legislativo en la materia.

Señalé que estas afirmaciones se podrían calificar como ignorantes porque parecen desconocer que la obligación constitucional de toda autoridad, incluido por supuesto el Congreso del Estado, es llevar a cabo las acciones necesarias para combatir la discriminación en cualquiera de sus formas. Si la Dirección Jurídica del Legislativo considera que existe en la idiosincrasia de nuestra población un sesgo “tercermundista” que la aleja de sociedades más desarrolladas, entonces la obligación de las autoridades sería combatir esos rasgos culturales y sociales negativos, y no frenarse ante ellos. Lejos de un pretexto para no discutir el tema, sería una razón para hacerlo, en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales.

Me parece que, incluso, el escrito realizado por el área jurídica de nuestro Congreso podría ser considerado como discriminatorio, puesto que niega el derecho a una minoría, en este caso a la comunidad LGBTTT, a solicitar que se discuta una propuesta legislativa que les favorecería, en virtud de que ésta podría no ser del agrado de la mayoría, a juicio de los abogados que redactaron el texto.

Aquí cabe señalar que, si bien las diputadas y diputados representan la voluntad popular y es su obligación democrática consultar con su electorado las decisiones que toman, también se encuentran obligados a votar en conciencia para procurar el bien común, buscando que los derechos de una minoría no terminen avasallados por la voluntad de una mayoría.

Mi opinión es que la población del Estado de Nuevo León no tiene la mentalidad tercermundista que le achacan en la Dirección Jurídica del Congreso, y que por el contrario, se encuentra preparada para participar en una discusión como la del reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo. He tenido el privilegio de escuchar opiniones a favor y en contra de estas iniciativas que considero bien documentadas, razonadas, y sobre todo, respetuosas.

Invitaría a las señoras y señores legisladores a que, a pesar de lo expresado por la Dirección Jurídica del Congreso estatal, revisen las propuestas e iniciativas presentadas por las organizaciones civiles, las contrasten con opiniones informadas de expertos en la materia, sondeen el sentir de la ciudadanía que representan y, en su momento, decidan lo que en conciencia consideran que es lo mejor para Nuevo León. Independientemente del resultado de esa discusión, estoy segura de que nuestro estado habrá ganado y que el pueblo neoleonés se los reconocerá.

Doctora Minerva Martínez Garza.

Presidenta Comisión Estatal de Derechos Humanos.