No hay en México un verdadero Tribunal Constitucional

Por Lic. Luis Fernando Morales Rizzi

A partir de la reforma constitucional de 1994 emprendida por el Presidente Ernesto Zedillo en relación con el Poder Judicial de la Federación, en la cual se crea, relativamente, un sistema de Justicia Constitucional en México, el cual ya existía pero no se encontraba delimitado de manera clara en nuestra Carta Magna y en las leyes secundarias, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación asume el papel y rol protagónico de Tribunal Constitucional en el País.

Pues bien, es importante destacar que para no pocos juristas, nuestro máximo Tribunal de Justicia no reúne las características, que dogmáticamente, debe tener todo Tribunal Constitucional como lo conceptualizó Hans Kelsen.

Para que un Tribunal de Justicia pueda denominarse Constitucional, requiere de tres características o elementos fundamentales, a saber:

a) No pertenecer a ningún poder del Estado.

b) Conocer, de manera exclusiva, de materia constitucional.

c) Tener la facultad de establecer que una reforma realizada a la Constitución es contraria a la misma.

En esta tesitura, es claro y contundente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación NO REÚNE los elementos citados para poder ser considerada como un Tribunal Constitucional.

En efecto, para nadie es desconocido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el órgano que encabeza el Poder Judicial de la Federación, es decir, es el titular de dicho poder y, como consecuencia de ello, pertenece a uno de los tres poderes en que se divide el ejercicio del mismo en el Estado Mexicano.

De igual manera, si bien es cierto que la gran mayoría de los asuntos que estudia y resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen que ver con materia constitucional o contenciosa constitucional, también es cierto, que no está limitada a tal materia, conociendo de algunos casos que no necesariamente son exclusivamente constitucionales.

Finalmente, de manera lamentable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en criterio jurisprudencial obligatorio, que el proceso mediante el cual se reforma o adiciona nuestra Constitución no es atacable ni combatible de ninguna manera, ni siquiera por la vía de la controversia constitucional, lo cual permea hacia el gobernado, ya que el Juicio de Amparo también resulta improcedente en contra de dichas reformas o adiciones, careciendo, en consecuencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esta facultad que es trascendental para la vida jurídica del País, ya que el trabajo del constituyente permanente no podrá ser combatido de manera alguna, no obstante que pudiera el mismo violentar derechos fundamentales o garantías individuales, e inclusive, transgredir el régimen de división de poderes que establece la Ley Fundamental mediante el sistema de competencias de los poderes de la Unión.

Todo ello nos lleva, se insiste, a la triste conclusión de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no constituye de manera alguna un verdadero Tribunal Constitucional, no obstante que ese sea el nombre con el que la conocemos.

Finalmente y adicionalmente a lo citado, debo señalar que al carecer en México de un verdadero Tribunal Constitucional, las propias decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se convierten en inatacables, por la razón de que no existe un Tribunal que revise sus actuaciones jurídicas, como lo debería ser un Tribunal Constitucional, que sería quien salvaguardaría los derechos constitucionales que pudieran ser lesionados por actos de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Mtro. Luis Fernando Morales Rizzi

Presidente del Colegio de Jurisprudencia de Nuevo León.

Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho y Criminología por la UANL.

Maestría en Derecho Procesal Constitucional, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Facultad de Derecho y Criminología UANL.