Internan a Rodrigo Medina en el Penal del Topo Chico

Por Alma De La Rosa Flores y Emmanuel Aveldaño

Monterrey.- Después de una audiencia de 18 horas y media, el juez de control Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, dictó prisión preventiva en el Penal de Topo Chico al exGobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz al vincularlo a proceso por los delitos de peculado y daño patrimonial en contra del gobierno estatal.

La Fiscalía Anticorrupción representada por Erika Irigoyen Castillo, solicitó la vinculación por el presunto desvío de recursos de 3 mil 128 millones de pesos en la adquisición de bienes e inmuebles y servicios para la instalación de la empresa coreana KIA en el municipio de Pesquería.

Durante la audiencia, la Fiscalía Anticorrupción expuso los motivos por los cuales se considera que el exmandatario estatal incurrió en probable actitud de delitos en el grado de autor intelectual en forma dolosa.

Previo a la resolución Medina de la Cruz, quien tuvo la defensa de los abogados Alonso Aguilar Zinser y Javier Flores, apoyados por cinco homólogos más, decidió acogerse al artículo 20 constitucional para no declarar, sin embargo, manifestó ante el juez “Señoría no quiero emitir declaración alguna, pero quiero que quede subrayado, que niego haber cometido algún delito”.

Tras ocho horas de receso, el juez concluyó que la fiscalía había aportado pruebas necesarias para vincular al exmandatario, por lo que la representación social solicitó medida cautelar en contra de Medina de la Cruz al considerar riesgo de sustracción de la justicia.

Al respecto, el abogado defensor Alonso Aguilar Zinser dio vista de una suspensión de amparo en contra de las medidas cautelares por la libertad personal del exmandatario; sin embargo, el juez al igual que la Fiscalía consideraron que los efectos de dicho recurso era para evitar su detención para ser llevado a la cita de la audiencia de imputación, y no para la implementación de medidas cautelares derivadas de la vinculación a proceso.

A Medina De la Cruz a quien se le vinculó también en agosto del 2016 por el delito de ejercicio indebido de funciones, se le fijó un mes de plazo para el cierre de investigación, por lo que al no demostrar arraigo, hecho confirmado por una ardua investigación de la Fiscalía, se decretó prisión preventiva para evitar su fuga, ya que la sanción por la que se le acusa acumula 24 años de prisión, de tomarse las máximas que marca la ley y reparación del daño.