Inversión en los Penales

Por Gabriel Tláloc Cantú / Diputado Local PRI

Una de las promesas de campaña del Gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco”, es la de Control en los Penales, en la cual prometió a los nuevoleoneses retomar el control de los tres penales que hay en la entidad y separar a los reos federales de los del fuero común, dado que considera tenerlos juntos convierte a las cárceles en escuelas del crimen.

Aunque el Gobernador ha justificado sus pocos resultados por la falta de dinero, los centros penitenciarios requieren un importante flujo de recursos, pero a más de un año de su administración no se ha visto mejoría en este tema, lo que es una clara señal de que necesita ayuda.

El Congreso del Estado aprobó en el presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, una partida para el ramo de Gobierno de $2,475,067,296 (dos mil cuatrocientos setenta y cinco millones, sesenta y siete mil, doscientos noventa y seis pesos) para el rubro de Justicia Reclusión y Readaptación Social, además de una partida para el Proyecto de Infraestructura Productiva a Largo Plazo, para la Construcción de Penal la cantidad de $ 300,000,000, (trecientos millones de pesos); el presupuesto más alto en la historia de Nuevo León.

Además en la administración anterior se firmó un Convenio con la Federación para que con el apoyo de más de 600 militares se mantuviera un control en las aduanas y periferia de las prisiones del Estado, pero por alguna razón que no entendemos, este acuerdo no se renovó en la gestión de “El Bronco”.

Lamentablemente en las últimas fechas, hay graves hechos que han sucedido en los Centros de Reinserción Social en nuestro Estado, que por desgracia han ocasionado decesos de varias personas, es necesario que el Gobierno utilice los mecanismos para eliminar y controlar estos terribles sucesos que han lastimado a nuestra sociedad y que evidencian la falta de control y seguridad en los penales.

No caben más pretextos para el señor Gobernador, los recursos para la inversión en los penales ahí están, así como la incapacidad del Gobierno Estatal de brindarles seguridad no solo a los reos, sino incluso también la seguridad del personal de quienes laboran en los centros penitenciarios.

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