La peligrosa reforma que criminaliza a la mujer

Por Hna. Consuelo Morales Elizondo

Hay mucha información acerca de la reforma al artículo 1º de la Constitución de Nuevo León, pero, en realidad ¿qué es esta reforma? ¿Qué implicaciones trae? ¿Por qué consideramos que representa un retroceso en materia de derechos humanos y democracia?

Veo con gran preocupación que en pleno siglo XXI diputados y diputadas de Nuevo León pretendan reformar la Constitución del Estado de Nuevo León para “proteger la vida” desde la concepción hasta la muerte, cuando ya existen criterios jurídicos internacionales vinculatorios para México y estudios científicos muy claros que explican por qué proteger la vida desde la concepción, absoluta y categóricamente, violenta los derechos de las mujeres, refiriéndonos específicamente a la salud, la no discriminación y al esparcimiento familiar.

Vivimos en una sociedad sumamente desigual, en donde la pobreza y la riqueza contrastan de manera significativa, en un Estado en donde tenemos al municipio con el ingreso per cápita más alto del país y de toda Latinoamérica, pero en donde también hay gente que vive en la pobreza extrema, que no tiene los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación.

Estamos en una sociedad que se dice ser progresista pero según los datos de la ENADIS 2010, es sumamente conservadora, clasista y discriminatoria.

Este entorno hace más peligrosa la tan controvertida reforma al artículo 1º de la Constitución de Nuevo León pues no es otra cosa que un retroceso a los avances que como sociedad hemos alcanzado en los últimos años, principalmente la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, en la que por primera vez, los derechos humanos adquieren rango constitucional y son protegidos.

Se establece la obligación del Estado Mexicano de actuar siempre apegado a los principios de derechos humanos establecidos por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por México.

Esta reforma costó mucho trabajo, fue una lucha constante para lograr que se estableciera en el texto constitucional la tutela y protección a los derechos humanos que todo Estado democrático exige y debe cumplir.

En este sentido, la pretendida reforma al artículo 1º de la Constitución de Nuevo León rompe con estos principios democráticos y de derechos humanos establecidos, reconocidos y protegidos en México, generando graves retrocesos e impidiendo nuevos avances en la materia.

Causa especial preocupación que las y los legisladores dejen de lado las recomendaciones que explícitamente ha hecho el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) al Estado Mexicano.

En particular, me indigna la criminalización y estigmatización hacia la mujer que se genera con este tipo de reformas. Aún y cuando en el Código Penal para el estado de Nuevo León, ya se estipula como un delito el aborto, la pretendida reforma obstaculizaría la posibilidad de lograr nuevas excluyentes de responsabilidad para la mujeres que deseen interrumpir su embarazo de forma legal y segura.

A pesar de que el Secretario de Salud de Nuevo León señale que este no es un problema de salud pública en Nuevo León, la realidad es muy diferente y no podemos simplemente taparnos los ojos o eludir esta realidad.

Las mujeres que por cualquier situación deciden interrumpir un embarazo lo hacen bajo cualquier circunstancia. Las que tienen recursos económicos lo hacen de forma legal en lugares permitidos como el Distrito Federal, o en clínicas de Estados Unidos, sin embargo, las mujeres más vulnerables, en situación de pobreza, marginación o que son indígenas recurren a prácticas caseras o clínicas clandestinas, en donde su vida corre un grave peligro.

Las mujeres son criminalizadas, sujetas a investigaciones y encarceladas por tomar una de las decisiones de vida más difíciles que hay, son tachadas de criminales, de homicidas, cuando la realidad dista mucho de esto.

La cárcel en el sistema penal es la última instancia que se debe utilizar para sancionar a una persona, sin embargo, al ser considerado el aborto un delito, salvo las excluyentes de responsabilidad que actualmente existen (ser violada y que la vida de la madre esté en peligro) las mujeres que abortan son acusadas y tratadas como las peores criminales, encarceladas, como si estas mujeres representaran una amenaza real para la sociedad, como si necesitaran estar en la cárcel para apartarlas de la sociedad para que no sigan causando más daños.

A la mujer se le criminaliza, se le violan sus más elementales derechos humanos, a la vida, a la salud, a la integridad física, a la libertad, ¿pero qué hay de aquellos hombres que no se hacen responsables de su paternidad, que abandonan a las mujeres a su suerte?, que incluso son los mismos hombres los que en algunos casos les causan daños que ocasionan la pérdida de su embarazo, a estos hombres no se les criminaliza, no se les señala y mucho menos se les sanciona.
Una sociedad democrática que busca la igualdad y equidad entre hombres y mujeres debe proteger a ambos por igual. Desde el punto de vista de los derechos humanos y de política pública, no estamos de acuerdo con esta reforma que propone el PAN, y que avala el PRI, pues el fin último es impedir el libre ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres y criminaliza y estigmatiza a aquellas que desean practicarse un aborto.

Hay mucho que reflexionar en torno a este tema, pero la obligación de los diputados y diputadas es legislar a favor de la sociedad, apegados a los principios democráticos y de derechos humanos ya establecidos en nuestro sistema normativo, y dejar de lado ideales de orden religioso o político que se alejan del Estado democrático y laico. Les corresponde legislar conforme a derecho y esta no es una petición, es una exigencia de la sociedad que les ha elegido para que cumplan con este objetivo.

Hna. Consuelo Morales Elizondo

Directora de CADHAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos