“Las políticas de prevención de la violencia”

Por Arturo Alberto Fernández Martínez, Pdte. Consejo Ciudadano de Seguridad 

La violencia, en todas sus manifestaciones, es uno de los flagelos más grandes que padecemos en México actualmente. Día tras día escuchamos o leemos en los medios de comunicación sobre acontecimientos violentos que suceden en nuestras comunidades, los cuales en su mayoría pueden encuadrar en algún tipo penal. Por ello, con riesgo de sonar a lugar común, se hace necesario que los gobiernos, en todos sus niveles, contemplen a los programas de prevención del delito y la violencia, como prioridades de todo su andamiaje institucional en el área de Seguridad Pública.

Compartiendo lo que escribió la investigadora Lilian Chapa, especialista en políticas de prevención del delito y violencia, en el sentido de que prevenir el delito es evitar la comisión de este tipo de actos por medio de estrategias que, dicho en términos generales: 1) disuadan a delincuentes potenciales; 2) atiendan el origen de las causas de la criminalidad; 3) disminuyan las oportunidades para cometer delitos, o; 4) sancionen a quienes ya los cometieron. De esta manera, en el corto, mediano o largo plazo —dependiendo del tipo de estrategia— la prevención debe traducirse en la reducción del número de víctimas o el de victimarios (Nexos 2016, goo.gl/UQKm3e).

En este sentido, es indispensable contar con políticas públicas que en su diseño establezcan de manera clara los objetivos y el tiempo que se necesita para alcanzarlos. Sin embargo, los programas de prevención del delito y la violencia en nuestro país tal parece que se miran como políticas de tan sólo unas semanas, atractivas para las cámaras y notas periodísticas, y no como vías para construir comunidades pacíficas y seguras a partir del establecimiento de servicios públicos y programas en torno a la población vulnerable a cometer delitos o a ser víctima de ellos. Esto debe cambiar.

Las políticas de prevención de la violencia y delito deben mirarse como parte inherente de la estrategia de seguridad vigente, dotando de mayores recursos a este apartado. Como decimos en México: “es mejor prevenir que lamentar”.  Así, las autoridades tienen el deber de diseñar instrumentos de política que promuevan la cultura de la paz, la legalidad, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia. Por su parte, a la Sociedad Civil organizada le corresponde velar para que la actuación de las autoridades, en esta y otras áreas, se realice con prontitud, eficacia y eficiencia.

Desde nuestro ámbito de responsabilidad, en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública promovemos, a través de la Secretaría Técnica, el estudio y análisis de los programas gubernamentales enfocados en esta materia, así como el diseño de propuestas para mejorar la aplicación de todos los recursos enfocados en la prevención del delito y la violencia, siguiendo el ejemplo de diversas organizaciones como son México Evalúa, Fundar o GESOC, entre otras. Finalmente, se debe subrayar que la participación ciudadana es fundamental para que las acciones de prevención social de la violencia sean efectivas. Mediante esquemas creativos —autoridades y Sociedad Civil organizada— debemos apoyar e impulsar proyectos, iniciativas y esfuerzos para encontrar las mejores políticas públicas de prevención del delito. La construcción de comunidades pacificas es responsabilidad de todos.

Contacto: aafernandezm@hotmail.com