“Legítima defensa: exhorto a la ciudadanía a conocer sus derechos”

Por Arturo A. Fernández Martínez / Pdte Consejo Ciudadano de Seguridad

La Constitución Política de nuestro país en sus artículos 10, 16, 17 y 21, entre otros, señala que los mexicanos tenemos derecho a poseer armas en nuestro domicilio para nuestra seguridad y legítima defensa, con excepción de las reservadas para el uso exclusivo de las fuerzas armadas.

También, señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Además, estipula que no podrá librarse orden de aprehensión sino por autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la propia ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad.

Nuestra Carta Magna va más allá. Mandata que ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En este caso, se debe subrayar que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Lo anterior lo expongo debido a que esta semana se ha debatido intensamente, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales, el tema de la “legítima defensa”. En este sentido, la pregunta más discutida es ¿qué debemos hacer cuando se sufre una agresión personal, o de nuestro patrimonio, que cause un daño, lesión o la muerte? La respuesta puede ir en dos vías: primero, denunciar los hechos ante la policía o el Ministerio Público para que estos actúen o, segundo, defendernos obrando en defensa de nuestra persona, honor o bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho y de la cual resulte un peligro inminente.

Recientemente se discutió en el Congreso del Estado la modificación al artículo 17 del Código Penal del Nuevo León para agregar causas de justificación por las que no debamos ser sancionados al cometer un daño por defendernos. La iniciativa presenta de forma más clara la justificación para nuestra actuación cuando defendamos nuestra integridad o la de nuestra familia, o nuestros bienes en el domicilio o lugar donde nos encontremos, y el intruso ejerza violencia y donde resulte un peligro inminente.

 

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