Ley de Seguridad Interior, un retroceso en derechos humanos

Por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC)

La propuesta de dar estatus legal en México a la participación del Ejército en la seguridad pública, que es lo que se pretende con la Ley de Seguridad Interior que actualmente se discute en el Congreso de la Unión, es una invitación al retroceso autoritario, es desconocer las recomendaciones de organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han llamado al gobierno mexicano a poner fin a la militarización de la seguridad pública.

Precisamente, una de las manifestaciones más graves de la crisis de inseguridad prevaleciente es la participación de miembros de las fuerzas armadas en ejecuciones, desapariciones, detenciones arbitrarias y tortura. Solamente en Nuevo León, entre los casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por elementos del ejército o la Marina, destacan los de Rocío Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Peña Chavarría, ejecutados por militares el 3 de marzo de 2010 en el municipio de Anáhuac cuando salían de su trabajo; Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, asesinados por elementos del ejército el 19 de marzo de 2010 dentro del campus de la institución educativa; Jorge Otilio Cantú Cantú, asesinado por militares el 18 de abril de 2011 en Monterrey; y Gustavo Acosta Luján, ejecutado en su domicilio en el municipio de Apodaca por elementos de la Marina el 1 de septiembre de 2011.

Es necesario que los gobiernos locales y estatales asuman la responsabilidad de capacitar a los policías, para que realicen sus funciones en materia de seguridad pública. La solución no está en mayor militarización ni en la mano dura por encima del Estado de Derecho Democrático. Habría más bien que sentar las bases de un cambio de paradigma en seguridad para México, que trastoque las estructuras que favorecen la desigualdad, la corrupción e impunidad. La seguridad que hace falta en México es la seguridad humana que se hace palpable en una sociedad que vive libre de miedo y de miseria y con dignidad, y la seguridad ciudadana que se basa en el respeto a los derechos humanos y la participación conjunta de ciudadanos, gobierno y actores económicos para crear un entorno en el que mujeres y hombres puedan desarrollar el proyecto de vida que consideren valioso.

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