México el escrutinio mundial.

Por Minerva Martínez Garza.

En esta semana México se encontró bajo la mirada del resto del mundo, al celebrarse en Ginebra, Suiza, una audiencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, que giró en torno a la situación que se vive actualmente en nuestro país, y a las propuestas para avanzar en una mayor protección y restitución de los derechos humanos de las víctimas de desaparición forzada.

Durante siete horas de audiencia, repartidas entre los pasados 2 y 3 de febrero, la delegación mexicana encabezada por el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo y representantes de diferentes instituciones del Estado y de organizaciones civiles mexicanas e internacionales, dialogaron sobre este trascendental tema con los especialistas en derechos humanos que conforman el Comité sobre Desapariciones Forzadas.

Como es natural, la exposición de un asunto tan relevante como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, fue el centro de atención de los medios de comunicación nacionales y extranjeros que asistieron a las sesiones, sin embargo, la discusión fue aún más profunda que el solo recuento de casos, y trajo noticias muy importantes que pueden tener efectos y repercusiones en el mediano plazo para toda la sociedad.

La más importante a mi parecer ha sido la del anuncio del Estado Mexicano de que, para mediados de este año, se contará con una Ley General sobre Desapariciones Forzadas, armonizada con los instrumentos internacionales en la materia, en especial con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Esto renueva nuestra esperanza de contar con un marco normativo completo, claro y progresista que dé respuesta a las grandes cuestiones que hoy se discuten en la materia, como en qué forma se debe sancionar a aquellos servidores públicos que participan directa o indirectamente en la desaparición de una persona a manos del crimen organizado, así como qué responsabilidades debe asumir en estos casos el Estado Mexicano ante las víctimas y sus familiares, un tema que hemos tratado aquí, en Nuevo León, tanto en las recomendaciones que ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos que me honro en presidir, como en la alianza de instituciones que impulsamos la inclusión del tipo penal de desaparición forzada en la legislación local.

Otros temas, como el de la necesidad de bancos de información genética para la identificación de víctimas y los procedimientos para su admisión como elementos probatorios en un proceso judicial, serán sin duda un cambio fundamental en la forma en que nuestro sistema de justicia aborde el problema de las desapariciones forzadas desde esta nueva Ley.

Cabe recordar que las desapariciones forzadas han sido un tema recurrente en el recorrido de México hacia una plena integración de nuestro sistema democrático con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en ocasiones siendo la punta de lanza de los más importantes avances. Por ejemplo, fue el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla en 1974, sobre el que sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009, el que abrió la puerta para que nuestra Suprema Corte de Justicia se pronunciara a favor de la obligación de todos los jueces, sin importar su nivel, de considerar en sus sentencias lo estipulado en los tratados y convenciones de derechos humanos de los que México es parte, proceso conocido como “control difuso de convencionalidad”.

No cabe duda de que la audiencia de esta semana ha mostrado una vez más el valor que tiene el sistema internacional de derechos humanos, especialmente cuando se auxilia del trabajo que realizan las organizaciones locales de la sociedad civil y los organismos constitucionales autónomos de derechos humanos, cuyo trabajo de documentación de casos y atención y seguimiento a las víctimas y a sus familiares termina siendo el principal material de análisis de estos diálogos internacionales y el punto de apoyo sobre el que se generan los más importantes cambios a favor de los derechos humanos tanto en nuestras leyes, como en nuestras instituciones y hasta en nuestras vidas cotidianas.

Doctora Minerva Martínez Garza.

Presidenta Comisión Estatal de Derechos Humanos.