Por la regulación de las aplicaciones tecnológicas en el transporte público

Por José Luis Garza Ochoa / Diputado Local del PRI e integrante del Comité de Transporte

Hoy en día, la mayoría de la población en el país tiene acceso a internet ya sea a través de alguna computadora de escritorio o a través de los denominados Smartphone (teléfono inteligente).

Durante el segundo trimestre de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realizó el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2016; dicho levantamiento, arrojó datos muy importantes sobre el gran incremento del número de personas que utilizan Internet en nuestro país.

Dentro de dicha encuesta se puede destacar entre otros lo siguiente: En México 65.5 millones de personas utilizan Internet; el número de usuarios con teléfonos inteligentes (Smartphone) creció de 50.6 millones a 60.6 millones entre 2015 y 2016; de los usuarios que cuentan con un teléfono inteligente (Smartphone) el 81.0 por ciento dispone de conexión móvil, lo que les permite el acceso a Internet desde cualquier lugar y por último se menciona que ha existido un incremento en el interés por el comercio en línea, que pasó del 9.7 por ciento en el 2015 al 15.9 por ciento en el 2016, aclarando que las compras más recurrentes son las de bienes o servicios para las personas con un (50.4%).

Ahora bien, este nuevo modelo económico de intercambio de bienes y servicios, mediante el uso de tecnologías de la información, ha abierto la puerta para la creación de empresas, que tras la falta de regulación en las entidades federativas han optado por prestar el servicio de transporte.

A nivel mundial, las Empresas de Redes de Transporte (ERT) han sido objeto de un intenso debate. Por una parte, los grupos de interés (principalmente los taxistas) han manifestado que mientras ellos están sujetos a regulaciones y costos de entrada, las ERT operan sin esa carga gubernamental y en algunos casos, en contravención a las leyes aplicables.

Solo por mencionar, en lo que respecta a nuestro Estado, mientras que al taxista se le solicita por ley contar con licencia especial, contar con seguro de responsabilidad civil, contar con un Certificado de aptitud física y mental expedido por médico con Cédula Profesional, Contar con un Certificado en donde se establezca que la persona no es adicta a sustancias o enervantes prohibidos, aprobar los exámenes de pericia en el manejo de vehículos para transporte público y de conocimiento sobre la Ley y su Reglamento, Someterse a las verificaciones previamente programadas por la agencia, pagar una garantía de cumplimiento por un monto de 100 cuotas (8,000 pesos aproximadamente), contar con taxímetro, mismo que debe de ser verificado dos veces al año por la Agencia, Pintar el auto del color que le imponga la Agencia de acuerdo al Municipio, contar con torreta, contar con calcomanías oficiales, entre muchos otros más;  a los propietarios de los vehículos que prestan el mismo servicio de transporte,  pero mediante las aplicaciones tecnológicas, no se les exige absolutamente nada por parte del Estado.

Afortunadamente, al día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre el tema, dejando en claro que este tipo de servicio si debe de ser regulado por el Estado, ya que es un servicio de transporte público.

Por ello, al momento de regular a este tipo de empresas se les debe de regular como lo que son, como una empresa que presta el servicio público de transporte público, ya que al día de hoy y de acuerdo a la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado, estas empresas actualmente se encuentran operando en la ilegalidad.

Contacto: joseluisgarzaochoa@hcnl.gob.mx