Protección de las personas bajo el principio de dignidad humana

Dra. Magda Yadira Robles Garza

Desde hace algunos meses, con insistencia se ha venido escuchando en los diferentes medios de comunicación las bondades de la reforma que tuvo nuestra Constitución en materia de derechos humanos.

Más allá de los debates teóricos y prácticos que podamos tener en el campo jurídico y político, cabe plantearnos como ciudadanos, como personas -niños, niñas, adultos mayores, comunidades indígenas, grupos vulnerables, todos los que integramos este país-, a qué se refiere este tan llevado y traído cambio en nuestra Carta suprema.

Me parece, estimado lector (a), podríamos detenernos unos minutos a considerar lo siguiente. Se trata de una reforma constitucional que introduce a México en escala mayor al hacer viva la adhesión a tratados internacionales que impulsan el respeto por los derechos humanos.

Esto puede ser interpretado como algo que poco nos concierne, pero no lo es. Veamos con detenimiento. Una de las reformas que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy se trata de aquella que introduce el principio “pro homine”, que no es otra cosa, que el entender que las personas en nuestro país gozan de la máxima protección posible, no solo por la legalidad vigente en el país.

En otras palabras, no sólo por lo que nuestras leyes lo señalen, sino porque este principio obliga a los juzgadores a acudir a la norma más protectora y hacer la interpretación de mayor alcance para reconocer el derecho fundamental, o bien, aplicar la norma más restringida al hacer limitaciones a los derechos humanos.

Así, (sin importar su competencia) a aplicar la norma o tratado internacional firmado por México que otorgue la mayor protección a la persona.

Veamos más allá de lo escrito. Este cambio nos obliga como país, como autoridades, juzgadores, abogados y, en general, a todos los aplicadores jurídicos, a entender “siempre a favor del hombre” y aplicar conceptos como el de la dignidad humana.

Así, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de nuestro País ha señalado que el derecho a la salud ha ampliado su ámbito al proteger a la persona que se hace una operación de cambio de sexo, la cual tendrá derecho a la expedición de sus nuevos documentos de identidad, como lo son el acta de nacimiento, el pasaporte o la credencial de elector.

Este cambio, sin duda, refleja el derecho a la salud entendido como el máximo posible de bienestar. Esto no significa otra cosa más que el Estado debe velar porque la persona goce del máximo bienestar físico, mental, emocional, para una vida plena y el libre desarrollo de la personalidad, todo ello a partir del principio de dignidad humana.

Otro caso, -que sin duda ha impactado- es obligatoriedad de la expedición de actas de nacimiento de los hijos de parejas homoparentales. En efecto, no es algo previsto en nuestra legislación, debido a que tradicionalmente las actas prevén asentar los datos del padre, la madre, abuelos, ente otros.

Sin embargo, bajo esta nueva forma de entender los derechos de las personas, este ser humano recién nacido, independientemente del sexo de sus padres, tiene derecho a la identidad, es decir, a un nombre, deberá ser reconocido con un nombre, domicilio, nacionalidad, entre otros datos. Sin duda, el tema no es sencillo ni el reto que enfrentamos lo es menos.

Especialistas en el tema coinciden en que no se trata de hacer nuevos derechos humanos, sino que estamos frente a un futuro que nos solicita una re-significación de esos derechos. Todo ello gracias a los cambios tecnológicos, a la globalización, a los avances de la ciencia y, en general, ante la comunidad nacional e internacional.

Recordemos que la dimensión histórico-cultural de los derechos humanos, cuya base es la dignidad humana, fue exaltada en el pasado, frente de batallas en luchas contra la opresión, el absolutismo y la tiranía.

Hoy, en la segunda década del siglo XXI es ahora también bandera de reinvidicaciones sociales, económicas, culturales.

Por eso, la reforma constitucional no nos dio nuevos derechos humanos, son los mismos, pero con una plataforma constitucional e internacional que nos debe impulsar -y lo hará- a generar una progresiva ampliación de sus significados, acorde con los tiempos. Con los presentes y los futuros, sean cuales sean los significados que se les den.

¿Estimado lector(a), está usted preparado para este cambio?

 

Dra. Magda Yadira Robles Garza

Profesora investigadora del Departamento de Derecho, Universidad de Monterrey. Doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, Especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.