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Violencia contra las mujeres, el feminicidio

Por Bernardo González Garza / Procurador de Justicia de NL

La violencia contra las mujeres tiene distintas manifestaciones a nivel físico, sexual, psicológico, económico, institucional y, en muchas ocasiones, responde a patrones sociales culturales construidos con base al género y a las desigualdades y discriminación que sitúan a las mujeres en una situación de vulnerabilidad. A su vez, esta discriminación y la posición desigual en la que se encuentran las mujeres para ejercer sus derechos y acceder a servicios así como a mejores oportunidades aumentan el riesgo de que sean víctimas de violencia., Muchos actos de violencia contra las mujeres no son eventos aislados, sino que responden a un patrón de comportamiento social sistemático y extendido que viola gravemente los derechos de las mujeres y niñas, refuerza las múltiples disparidades existentes entre mujeres y hombres y limita el pleno desarrollo, la salud y el bienestar de la mujer.

En 1981, México suscribió a la CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women). y, de este modo, se comprometió a adoptar todas las medidas necesarias para prohibir la discriminación contra la mujer de manera efectiva, establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre, garantizar su protección efectiva y el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. Además, la Convención dispone que los Estados deban tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, a fin de alcanzar la eliminación de los prejuicios de género, basados en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en las funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

La violencia contra las mujeres se encuentra en la violación sistemática de sus derechos humanos, nace y se reproduce en contextos sociales de violación de derechos, discriminación y desigualdad que limitan su pleno desarrollo, y, en ocasiones, estos contextos pueden originar la violencia feminicida.

La declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer definió la violencia contra la mujer de la siguiente manera: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vía pública, como en la vida privada”

En ese sentido, el 26 de junio de 2013, por primera vez fue incorporado en el Código Penal en el Estado el capítulo de “Delitos contra la Igualdad de Género y la Dignidad de la Mujer”, tipificando el feminicidio, con una penalidad de 25 a 50 años de prisión, por lo que antes a esta fecha toda muerte de mujer era investigada como homicidio.

Ahora bien, en fecha 6 de mayo del año en curso, entro en vigor, se obtiene un avance legislativo con la reforma por modificación a los artículos 331 Bis 2 y 331 Bis 3 del Código Penal en vigor, las reformas del delito de feminicidio adicionan otras circunstancias con las que se puede justificar el mismo, además se incrementa la pena a quien cometa este delito, considerándose con ello un gran avance en el respeto al derecho de género a favor de las mujeres, debiéndose aplicar como regla general el feminicidio y de no acreditarse este se recurra a las reglas del homicidio.

Siendo la violencia para las mujeres un tema prioritario para la institución que represento, desde que asumí su titularidad se han adoptado medidas de Justicia que nos competen, iniciado acciones para frenar la violencia contra las mujeres en sus diversas formas, y se investiguen las muertes de mujeres con perspectiva de género y derechos humanos aplicando para ello los protocolos de investigación ministerial, policial y pericial, herramientas que establecen las obligaciones que deben de cumplir las y los servidores públicos, entre otros.

Es un compromiso permanente capacitar a los Agentes del Ministerio Público Orientadores, Investigadores, Peritos, Asesores Victimológico, Médicos Legistas y personal administrativo, a fin de sensibilizarlos de la problemática que muchas mujeres de nuestro Estado viven. Esto con el fin de favorecer la no revictimización por un inadecuado manejo en la procuración de justicia hacia este sector vulnerable de la sociedad, fortaleciendo además las funciones del Ministerio Público, de facilitador, durante la investigación, así como en el proceso, protegiendo en todo momento los derechos de la víctima e intereses, de acuerdo a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en los que es parte el Estado Mexicano y demás normatividad aplicable.

De esta manera, en la Procuraduría atendemos las recomendaciones emitidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en fecha 18 de noviembre de 2016, dentro de las Medidas de Justicia que nos competen, se han iniciado acciones para frenar la violencia contra las mujeres en sus diversas formas y se investiguen los homicidios de mujeres con perspectiva de género.

Contacto: bernardo.gonzalez@nuevoleon.com.mx , b.gonzalezgarza@gmail.com, gdelbosque30@gmail.com